viernes, 23 de noviembre de 2012

El rabino Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que los judíos sefardíes descendientes de los expulsados por los Reyes Católicos en 1492 podrán obtener la nacionalidad española. Para ello, tendrán que acreditar esa cualidad mediante apellidos, idioma o vinculación alguna con las costumbres españolas. Se retoma así la reforma del Código Civil de 1982 en la que se les permitía nacionalizarse españoles tras dos años residiendo en nuestro país.

El lector perspicaz habrá rememorado al leer la noticia una que saltaba a los titulares de prensa hace exactamente dos años, el 23 de noviembre del 2009, cuando el gobierno del PSOE propuso "reparar" (¿?) a los descendientes de los moriscos expulsados de España en 1609. Absurdo nos pareció aquella ocurrencia e igual opinión nos merece la nueva. Tal y como expusimos al abordar la conquista de América, no participamos de la campaña mezquina consistente en realizar juicios ex tempore que pretenden dirimir las cuestiones históricas desde la óptica presente. Creemos que la Historia, para bien o para mal, está ya escrita y que sólo tenemos derecho a cambiar la que en este momento preciso vivimos. Se podrá estar más o menos de acuerdo con la decisión de los Reyes Católicos de expulsar a los judíos de España, pero lo que no toleramos es que desde la nimiedad - histórica y política - de un parlamento burgués se pretenda juzgar a los monarcas que parieron a España y la lanzaron a alcanzar las mejores metas jamás logradas por nación alguna en el mundo. Hacemos nuestras unas palabras de la actual vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que en 2009 decía: "Más vale que se ocupen de la historia real de millones de parados y no de unos sucesos que ocurrieron hace 400 años y que ya nadie puede cambiar. A lo mejor, dentro de 400 años los descendientes de los parados pueden pensar que el Gobierno les hizo la pascua al no ponerse manos a la obra para encontrar empleo."

Un segundo aspecto que merece nuestra atención es el hecho de que los beneficiados por esta medida sean - oh, sorpresa - judíos. Recientemente el mismo Ruiz Gallardón anunciaba una reforma del Código Penal en la que se considera un delito la "negación del Holocausto", acarreando penas hasta 2 años de prisión. No sabemos muy bien en qué consiste negar eso, pero mucho nos tememos que cualquier tipo de revisionismo o planteamiento de duda sobre los hechos supuestamente acaecidos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en relación a la raza judía será tachado de atentado contra la dignidad y memoria de ésta. ¿Casualidad? No creemos. La pleitesía rendida por todas las naciones occidentales hacia Israel y el pueblo judío, máxime con puntuales expresiones como estas dos, evidencian la relación sumisa que los une. Seguramente se nos tachará de antijudíos - o antisemitas si la ignorancia es mayúscula - por plantear este tipo de cuestiones, mas no nos referimos al judío racial cuando señalamos el problema. Nuestro dedo apunta al judío sionista, al exclusivista que maneja los hilos internacionales, responsable en gran medida de buena parte de los conflictos actuales. ¿Antisionistas? Con gran simpatía recibimos tal calificativo, pues equivale, a nuestro modo de ver, al de antiterrorista. 

La religión es una condición que no debe interferir en lo más mínimo a la hora del normal desenvolvimiento del individuo en la sociedad que queremos. El sentimiento religioso debe permanecer en la intimidad de la persona y no debe ser, bajo ningún concepto, objeto de privilegio o menoscabo en la comunidad nacional. La fe queda para la iglesia en la Biblia, la mezquita en el Corán o la sinagoga en la Torá, nunca dictando las leyes de nuestro libro.


Marcvs



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